Representantes de la sociedad civil y legisladores presentaron el informe “El costo de los siniestros viales en México: Estimación de costos de atención médica y pérdida de productividad” con el que buscan dimensionar el impacto económico, social y sanitario que tienen las colisiones viales.
Los siniestros viales no solo representan una de las principales causas de muerte y lesiones entre la población, también generan un fuerte impacto económico para las familias, el sistema de salud y el desarrollo del país ya que se estima que los costos de atención médica y pérdida de productividad por hechos de tránsito alcanzaron entre 55 mil y 92 mil millones de pesos durante 2024.
De acuerdo con este estudio, el escenario más alto representa cerca de 0.3% del PIB y alrededor de 4.4% del gasto total en salud. Esta estimación contempla únicamente los gastos de atención médica y las pérdidas de productividad, por lo que el costo real sería todavía mayor si se consideran daños materiales y atención médica de largo plazo.
¿Cuánto cuestan los siniestros viales?
Los gastos derivados de un choque o atropellamiento incluyen mucho más que la reparación de un vehículo ya que entre las principales consecuencias económicas encontramos la atención médica de emergencia, hospitalización, rehabilitación, discapacidad y pérdida de ingresos asociada con una muerte prematura o una incapacidad.
El estudio señala que estos costos representan una carga importante para las familias y para los servicios públicos de salud, que deben destinar recursos y capacidad hospitalaria a atender lesiones provocadas por hechos de tránsito.
Las muertes por siniestros viales se mantienen entre las principales causas de fallecimiento de personas de entre 5 y 44 años, lo que implica además la pérdida de años de vida y de productividad durante una etapa particularmente activa de la población.
Para Belén Sáenz de Miera Juárez, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, dimensionar este impacto permite contar con evidencia para mejorar la toma de decisiones, debido a que una parte importante de estas pérdidas puede prevenirse mediante sistemas seguros de movilidad, lo que permitiría salvar vidas y, al mismo tiempo, reducir la presión económica sobre las familias y el sistema de salud.
Velocidad y alcohol, entre los principales factores de riesgo
El estudio identifica varios factores que incrementan la probabilidad de que un siniestro termine en lesiones graves o una muerte. Entre ellos destacan el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y la falta de dispositivos de seguridad.
La velocidad tiene un papel determinante tanto en la posibilidad de evitar un choque como en la gravedad de las lesiones. Por ello, especialistas y organizaciones llaman a establecer límites de velocidad seguros y una mayor fiscalización, incluso mediante tecnología.
El consumo de alcohol también representa un riesgo importante, debido a que puede afectar la atención, el juicio y el tiempo de reacción antes de que el conductor perciba que está incapacitado para conducir, así que, si vas a manejar, no tomes.
También se plantea reforzar el uso de cinturones de seguridad, cascos certificados y sistemas de retención infantil, además de establecer estándares de seguridad más estrictos para los vehículos que se comercializan en nuestro país.
Peatones, ciclistas y motociclistas son los más vulnerables
Uno de los puntos centrales del estudio es el impacto desproporcionado que tienen los siniestros viales sobre los usuarios vulnerables de la vía, entre ellos peatones, ciclistas y motociclistas.
En los entornos urbanos, de acuerdo con lo señalado durante la presentación del estudio, ocho de cada 10 fallecimientos corresponden a usuarios vulnerables, lo que pone sobre la mesa la necesidad de mejorar la infraestructura y las condiciones de circulación.
Para reducir estas cifras, especialistas proponen priorizar la construcción de infraestructura vial segura, siguiendo la Jerarquía de la Movilidad Urbana, así como fortalecer las medidas de prevención y vigilancia.
La idea parte de un principio de Sistema Seguro, bajo el cual las calles, vehículos, velocidades y normas deben diseñarse considerando que las personas pueden cometer errores, pero estos no deberían terminar en una muerte o una lesión grave.
Piden vehículos más seguros y actualizar la NOM-194
El Poder del Consumidor también llamó a fortalecer la seguridad vehicular en México mediante una actualización de la NOM-194.
Carlos Morales, coordinador e integrante de la campaña de Seguridad Vehicular de El Poder del Consumidor, señaló que es necesario incorporar de manera obligatoria tecnologías de seguridad como el frenado autónomo de emergencia y los sistemas de protección al peatón que ya están disponibles y han demostrado su capacidad para reducir lesiones y salvar vidas.
La propuesta también contempla establecer estándares mínimos de seguridad para vehículos pesados, transporte público, motocicletas y otros vehículos de dos y tres ruedas.
El objetivo es que la seguridad no dependa únicamente de la responsabilidad del conductor, sino que los propios vehículos incorporen tecnologías capaces de reducir la gravedad de un siniestro.
También piden armonizar las leyes de movilidad
Aunque México cuenta con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, representantes de la sociedad civil señalaron que todavía existen pendientes para armonizar las legislaciones locales.
Quetzalli Ramos, abogada de Polithink, destacó que el plazo establecido para que los congresos locales armonizaran sus leyes concluyó el 14 de noviembre de 2022 y señaló que la Ciudad de México todavía tiene pendiente completar este proceso.
Entre las medidas propuestas se encuentran fortalecer la fiscalización de la velocidad, homologar los operativos de alcoholimetría y asignar recursos para infraestructura segura y políticas de prevención.
La discusión también busca que la seguridad vial sea considerada un asunto de salud pública, además de una prioridad en materia de movilidad.
La meta: reducir las muertes por siniestros viales
Durante la presentación, Andrés Atayde Rubiolo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, señaló que la seguridad vial debe convertirse en una política de Estado, respaldada por datos y alejada de intereses partidistas.
La propuesta consiste en mantener un ciclo permanente de medición de datos, reformas legales, asignación de presupuesto y evaluación de resultados, con el objetivo de avanzar hacia una meta de cero fatalidades.
Más allá del impacto humano, los datos muestran que prevenir los siniestros viales también tiene un beneficio económico. Reducir choques, atropellamientos y lesiones graves significa disminuir gastos médicos, evitar pérdidas de productividad y reducir la presión sobre las familias y el sistema de salud.
En este sentido, el estudio plantea que invertir en seguridad vial, infraestructura, regulación y vehículos más seguros no solo puede ayudar a salvar vidas, sino también a evitar una parte importante de los costos que actualmente generan los hechos de tránsito.
