Desde 2019, el seguro de responsabilidad civil es obligatorio para circular en carreteras federales y este año, suman 25 entidades federativas (Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán) las que exigen este requisito.
Las sanciones varían según la entidad, pero pueden incluir la imposibilidad de realizar trámites como el pago de tenencia o el refrendo de placas, y en algunos estados, las motocicletas pueden ser remitidas al corralón.
Aún con estas medidas, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) señala que alrededor del 90% de las motocicletas en el país circulan sin ningún tipo de cobertura y se estima que 6 de cada 10 motociclistas en México no contrata un seguro debido a que lo considera económicamente inaccesible.
De acuerdo con Laura González, directora del Salón Internacional de la Motocicleta México, SIMM, a este obstáculo se suman otros factores como percepción equivocada de bajo riesgo, falta de claridad en las coberturas y trámites complicados.
González señala que “La falta de seguro expone a este sector a una doble vulnerabilidad: económica y de salud pública. Después de un accidente vial, sin cobertura, el conductor debe asumir con sus propios ahorros tanto los gastos médicos, pérdida o reparación de la moto; así como los daños ocasionados a terceros, generando en muchos casos una deuda impagable”.
La directora del SIMM destaca que “El seguro es necesario, pero hace falta acercarlo a quienes hoy enfrentan el camino sin protección, ya sea por desconocimiento o por falta de recursos y más para aquellas personas que ocupan la motocicleta como fuente de empleo y que ganan menos del salario mínimo”.
