En 2009 se propuso realizar modificaciones a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para que los vehículos que transiten por las carreteras de nuestro país cumplan con una verificación física, mecánica y de emisiones contaminantes.
Seis años después, la Cámara de Diputados aprobó esta iniciativa que impone el requisito a propietarios de vehículos con antigüedad mayor a tres años de realizar una segunda verificación y a la revisión de condiciones mecánicas si quieren circular por las carreteras federales mientras que los propietarios de vehículos nuevos se encuentran exentos de estas medida durante dos años -a partir de la fecha de compra-.
Cabe señalar que los vehículos usados están obligados a realizar esta verificación anualmente, a partir del quinto año de su venta de primera mano.
Asimismo, este dictamen señala que todos los vehículos importados -autos chocolate- deberán obtener una constancia de aprobación correspondiente, en los términos que marque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ya sea por medio de ésta o bien, por terceros o instituciones académicas que la misma autorice.
La Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Policía Federal será la encargada de imponer las infracciones así que los propietarios que no realicen estas dos verificaciones deberán pagar multas entre 40 y 500 días de salario mínimo. Lo recaudado de estas multas se destinará a la Segob para programas de seguridad pública y prevención del delito.
Por otra parte, la Cámara de Diputados validó que la SCT concesione la apertura de nuevos verificentros de carácter federal, donde se haga una revisión de los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes, que serán operados por particulares con un permiso expedido por la dependencia.
Con estas modificaciones a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal se busca establecer un programa de verificación nacional para certificar las emisiones y que cumplan con las normas de seguridad que operan en el país.
De acuerdo con el PRD, si tomamos en cuenta que el parque vehicular ronda los 25 millones de unidades, el pago de este nuevo derecho representará al gobierno federal ingresos por $7,500 millones de pesos, ¿qué tal?
