La seguridad vehicular en nuestro país vuelve al centro de la conversación ante la falta de actualización de normas clave como la NOM-194 (Dispositivos de seguridad para vehículos ligeros nuevos), una regulación fundamental para los vehículos cero kilómetros.
Especialistas de diversas organizaciones advierten que su rezago, junto con otras normativas como la NOM-160 (Prácticas comerciales-Elementos normativos para la comercialización de vehículos nuevos), NOM-122 (Prácticas comerciales-Elementos normativos para la comercialización y/o consignación de vehículos usados) y la de Sistemas de Retención Infantil (SRI), representa un riesgo directo para millones de usuarios en calles y carreteras.
Se estima que en México los costos asociados a lesiones y fallecimientos por tránsito ascienden a cerca de 17 mil millones de dólares, lo que equivale al 1.3% del Producto Interior Bruto -PIB-, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública -INSP-.
Diversas organizaciones como El Poder del Consumidor, El Instituto del Sur Urbano y la Coalición Movilidad Segura han señalado que la actual NOM-194 no contempla tecnologías esenciales para proteger a los usuarios vulnerables, como peatones, ciclistas y motociclistas. Además, su actualización permitiría alinearse con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que obliga a elevar los estándares de protección en los vehículos.
Desde el enfoque de salud pública, mejorar la regulación de seguridad vehicular podría reducir hasta en un 35% las muertes y lesiones por hechos de tránsito. Esto convertiría a la actualización normativa en una medida altamente efectiva, capaz de disminuir tanto el impacto social como el gasto económico que generan estos incidentes.
Esta exigencia ante la Secretaría de Economía -SE- no es nueva, debido a que tras la aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial han insistido en la necesidad de fortalecer los estándares de seguridad automotriz ya que la responsabilidad no recae únicamente en el conductor, sino también en autoridades y fabricantes, quienes deben garantizar vehículos más seguros y tolerantes al error humano.
Tan sólo en 2024 se registraron 16,646 muertes por siniestros viales y más del 70% de las víctimas fatales corresponden a usuarios vulnerables, lo que evidencia la necesidad de reforzar la seguridad en autos nuevos, así como mejorar la protección en el entorno vial.
De acuerdo con estudios de Latin NCAP y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, la implementación obligatoria de tecnologías como el Frenado Autónomo de Emergencia -AEB- y el Estándar de Protección a Peatones podría evitar más de 3,000 muertes al año. Asimismo, el Asistente de Velocidad Inteligente -ISA- ha demostrado reducir significativamente colisiones y fatalidades en otros mercados.
Estas organizaciones civiles recalcan la importancia de actualizar las normas antes mencionadas para poder cumplir la meta de reducir a la mitad las muertes viales hacia 2030.
