En nuestro país durante 2005, el expresidente Vicente Fox emitió un decreto mediante el cual se importaron 7.5 millones de vehículos usados -hasta 2008-.
Entre 2009 y 2014, los jueces federales otorgaron amparos con los que se evadía el pago de impuestos y los controles ambientales por lo que la importación de vehículos usados y robados se incrementó.
A finales de 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la legalidad de la normativa federal para regular la importación de vehículos usados por lo que esta disminuyó y a partir de ese momento, comenzaron las presiones que promueven la regularización de autos "chocolates" y dar marcha atrás en el control de la importación de vehículos usados.
Empresas como Big Bear, Copart y GarciPaz del padrón de comercializadoras extranjeras que otorgaban facilidades fiscales a sus clientes al momento de pagar impuestos de importación fueron dadas de baja por el Servicio de Administración Tributaria así que los dirigentes de comerciantes de autos usados de procedencia extranjera, apoyados por políticos de la franja fronteriza realizan bloqueos en esta zona.
La cancelación de estas empresas se debió a que proporcionaron información falsa o incorrecta que causó daño fiscal y en algunas de ellas se facturaban vehículos que no habían vendido sólo para disminuir el pago de impuestos, por lo que “vendían facturas". Esto ocurría bajo la acción concertada con “coyotes" que utilizaban un mismo certificado de regulación ambiental para distintos automóviles, se tenían inconsistencias en el domicilio fiscal, se falseaba el precio del automóvil, no se verificaba o se falseaba el historial del vehículo.
Debido a esto se incrementó la entrada de autos en el primer trimestre de 2016, se disminuyeron el pago de contribuciones entre un 50 y 60 por ciento y permitieron continuar con la importación de vehículos chatarra.
Los representantes del sector automotor, Guillermo Prieto -AMDA-, Eduardo Solís -AMIA-, Miguel Elizalde -ANPACT- y Oscar Albin -INA-, solicitaron al gobierno federal no ceder ante las presiones para regularizar a los autos chocolates y continuar con el control de la importación de vehículos usados.
