La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) urgió al Gobierno Federal y jueces a impedir que vuelva a repetirse la misma situación que en 2009 permitió que casi el 70 por ciento de los vehículos importados se realizaran por la vía del amparo, duplicando las importaciones de 2008.
"Necesitamos el apoyo del Gobierno Federal, Jueces y Magistrados para impedir que se sigan introduciendo vehículos usados sin cumplir los requisitos del Decreto, así como acelerar el establecimiento y ejecución de las normas que impidan que unidades que no cumplan con estas condiciones no puedan entrar a México", afirmó Guillermo Rosales, director ejecutivo de Relaciones Institucionales de la AMDA.
Tan sólo entre enero y junio de 2011 se han importado a México alrededor de 367 mil unidades usadas, cifra que represento casi el 80% de las más de 400 mil unidades nuevas que se llevan vendidas en el mercado interno, según cifras de la AMDA y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Cabe señalar que el promedio mensual de vehículos importados usados durante el primer semestre de 2011 fue de 61 mil 155 unidades, cifra que contrasta con los 17 mil 448 vehículos importados en julio pasado, cuando entró en vigor el nuevo decreto emitido por el gobierno del Presidente Calderón y que dejó sin efecto los amparos en contra del decreto vigente hasta el mes de junio.
El 22 de agosto de 2005, el Gobierno Federal publicó el Decreto que estableció las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, el cual, a pesar de su endurecimiento de requisitos en 2008, ha permitido la introducción a México de más de 6 millones de vehículos chatarra.
En 2010, diversas empresas y compañías obtuvieron amparos federales que les facilitaron continuar con la introducción masiva de este tipo de unidades a nuestro país sin cumplir con los requisitos del Decreto.
El vocero de la asociación de distribuidores añadió que continuarán trabajando en el seno del Consejo Automotor con las asociaciones del sector como AMIA, ANPACT, INA y ANCA, así como las diferentes instancias del Poder Ejecutivo y Legislativo, para implementar las normas que mejoren las condiciones de las unidades usadas que pretendan ser introducidas en el país.
