Un tribunal en Haikou dictó una sentencia que marca un precedente para Xiaomi Auto. La corte ordenó a dos compañías vinculadas a la marca devolver 10,000 yuanes —el doble del depósito original— a una consumidora, tras considerar abusiva la exigencia de liquidar el auto antes de la entrega. Es el primer fallo de este tipo relacionado con la política de pagos anticipados de Xiaomi Auto y vuelve a poner bajo la lupa las condiciones de compra dentro del ecosistema de la marca.
El caso comenzó cuando la señora Li, tras una prueba de manejo, pagó un depósito de 5,000 yuanes por un SU7 Max en color Aurora Purple, con precio de 318,900 yuanes. Aunque inicialmente recibió una fecha estimada de arribo del vehículo, más tarde pidió posponer la entrega por temas financieros. El distribuidor local aceptó el ajuste y le confirmó que su orden seguiría vigente por 360 días, con posibilidad de reactivar la producción en cualquier momento dentro de ese plazo.
A pesar de ese acuerdo, la historia dio un giro inesperado. El 4 de diciembre, Xiaomi le exigió pagar el resto, más de 313,000 yuanes, en un plazo de siete días, con la amenaza de cancelar el pedido y quedarse con el depósito. Li rechazó la petición, pero Xiaomi insistió, citando cláusulas del contrato que supuestamente la obligaban a liquidar antes de cualquier inspección. Para el 16 de diciembre, la marca declaró incumplido el acuerdo y canceló la orden. Un detalle clave: tiempo después, Li supo que su auto había sido producido en octubre, sin que ella lo hubiera solicitado.
Tras intentos fallidos en líneas de atención y autoridades de supervisión, Li llevó el caso a tribunales. Ahí salió a relucir un punto decisivo: la propia Xiaomi Auto había declarado públicamente que apoyaba el pago del saldo final después de la inspección del vehículo. Para el tribunal, esta comunicación oficial generó confianza legítima y chocaba directamente con lo que la empresa exigió en la práctica.
La corte concluyó que Xiaomi incrementó injustamente las obligaciones de la consumidora, limitó su derecho básico a revisar el vehículo y actuó contra la buena fe al producir la unidad sin su autorización para luego presionarla con el pago. Por ello se declararon inválidas las cláusulas cuestionadas y ordenaron reembolsar el doble del anticipo.
