La tercera ronda de negociaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), celebrada del 20 al 23 de julio en la Ciudad de México, dejó claro que la industria automotriz continuará siendo el eje de las conversaciones comerciales entre ambos países. Si bien las delegaciones reportaron avances en diversos capítulos del acuerdo, las diferencias sobre reglas de origen, contenido regional y política arancelaria siguen marcando el ritmo de las negociaciones.
Para México, el principal objetivo es preservar la integración productiva que ha convertido a Norteamérica en una de las regiones manufactureras más competitivas del mundo. La industria automotriz representa uno de los sectores más sensibles, ya que miles de vehículos y millones de componentes cruzan diariamente las fronteras entre México, Estados Unidos y Canadá como parte de una misma cadena de suministro.
Uno de los temas que generó mayor discusión fue la propuesta estadounidense de fortalecer el contenido fabricado en Estados Unidos dentro de los vehículos producidos bajo el T-MEC. Washington busca incrementar la participación de insumos estadounidenses además del actual requisito de 75% de contenido regional, mientras que México sostiene que cualquier modificación debe preservar el principio de integración entre los tres socios y no favorecer exclusivamente a uno de ellos.
En paralelo, la delegación mexicana reiteró su postura de eliminar los aranceles impuestos por Estados Unidos a los automóviles, así como a las importaciones de acero y aluminio, al considerar que estos gravámenes contradicen el espíritu del tratado y afectan la competitividad de la región.
Las negociaciones también estuvieron acompañadas por un nuevo frente comercial abierto por la administración del presidente Donald Trump. Estados Unidos anunció la aplicación de nuevos aranceles a mercancías provenientes de 60 países cuando existan indicios de que fueron producidas mediante trabajo forzoso.
La medida se sustenta en la Sección 301 de la Trade Act de 1974, legislación que otorga al gobierno estadounidense facultades para responder a prácticas comerciales consideradas injustas. Bajo este esquema, Washington estableció un arancel de 10% para un primer grupo de países y de 12.5% para otro conjunto de naciones, entre ellas China, dependiendo del nivel de riesgo identificado por las autoridades estadounidenses.
Aunque la disposición alcanza a economías de Asia, Europa y América Latina, los productos que cumplen con las reglas de origen del T-MEC quedaron excluidos del nuevo esquema, al igual que los vehículos ya sujetos a los gravámenes de la Sección 232. Esta excepción representa un alivio para la industria automotriz de Norteamérica, aunque el endurecimiento de la política comercial estadounidense anticipa que las próximas rondas de negociación seguirán centradas en cómo fortalecer la producción regional sin comprometer la competitividad de las cadenas de suministro que durante décadas han unido a México y Estados Unidos.
