El debate sobre el llamado Right to Repair (derecho a reparar) volvió al centro de la conversación en Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump revelara que sostuvo una reunión con directivos de la industria automotriz para abordar una controversia que lleva más de una década enfrentando a fabricantes, concesionarios y talleres independientes.
Durante el encuentro participaron Mary Barra, directora ejecutiva de General Motors; Andrew Frick, alto ejecutivo de Ford; representantes de la National Automobile Dealers Association (NADA), de la Alliance for Automotive Innovation y el senador republicano Bernie Moreno, quien antes de llegar al Congreso fue distribuidor de automóviles.
La reacción de Trump llamó la atención por su tono directo. “La industria automotriz estuvo aquí ayer. No quieren que la gente repare sus autos. Les dije: ‘¡Qué extraño!’”, declaró el mandatario, aludiendo a las restricciones que existen para acceder a determinados datos y sistemas de los vehículos modernos.
El conflicto gira en torno al creciente nivel de digitalización de los automóviles. Los vehículos actuales generan enormes cantidades de información relacionada con diagnósticos, calibraciones, actualizaciones de software y sistemas electrónicos avanzados. Fabricantes y distribuidores argumentan que el acceso irrestricto a estos datos puede generar riesgos de seguridad, ciberseguridad y propiedad intelectual. Del otro lado, talleres independientes y organizaciones de consumidores sostienen que las limitaciones reducen la competencia y elevan los costos de reparación.
La industria automotriz estadounidense presume que desde 2014 mantiene acuerdos voluntarios para proporcionar manuales, herramientas y códigos de diagnóstico tanto a concesionarios como a talleres independientes. De hecho, asegura que alrededor del 75% de las reparaciones realizadas una vez concluida la garantía del vehículo ya ocurren fuera de las redes oficiales.
Sin embargo, legisladores y grupos defensores del consumidor consideran que esos acuerdos son insuficientes frente a la evolución tecnológica del automóvil conectado. Por ello impulsan iniciativas que obligarían a los fabricantes a proporcionar acceso completo a datos de diagnóstico, reparación, calibración y recalibración tanto a propietarios como a talleres independientes.
El movimiento Right to Repair no se limita a Estados Unidos. En Europa, regulaciones impulsadas por la Unión Europea han fortalecido el acceso a información técnica y refacciones para diversos productos, desde electrodomésticos hasta vehículos. Mientras tanto, estados como Massachusetts han aprobado leyes específicas que obligan a los fabricantes a compartir datos telemáticos con los propietarios de los vehículos.
Para los defensores del derecho a reparar, la medida promueve competencia, reduce costos y extiende la vida útil de los productos. Sus detractores, entre ellos asociaciones de concesionarios, advierten que podría facilitar la copia de componentes, incrementar el uso de refacciones no originales y otorgar mayor influencia a aseguradoras en las decisiones de reparación.
Con un mercado de servicio automotriz valuado en alrededor de 200 mil millones de dólares anuales, la batalla por el acceso a los datos de los vehículos se perfila como uno de los temas más relevantes para el futuro de la industria automotriz global.
