Una corte laboral en Brasil ordenó retirar de forma provisional a BYD de la lista gubernamental de empresas señaladas por condiciones laborales análogas a la esclavitud. La decisión, fechada el 9 de abril y reportada por Reuters, se mantendrá vigente hasta que exista un fallo definitivo.
El juez Luiz Fausto Marinho de Medeiros concedió una medida cautelar al considerar que la inclusión de la automotriz china en la llamada “lista sucia” pudo haber sido irregular. El argumento central es que la decisión se basó en asumir que BYD era el empleador directo de los trabajadores involucrados, un punto que aún está bajo análisis judicial. La resolución puede ser apelada.
El caso se originó en 2024, cuando un contratista vinculado a BYD reclutó a 163 trabajadores. De acuerdo con las autoridades, algunos contratos incluían la entrega de pasaportes, el envío de la mayor parte del salario a China y el pago de un depósito cercano a 900 dólares, reembolsable tras seis meses de trabajo.
Las inspecciones también documentaron condiciones de vivienda calificadas como degradantes en el estado de Bahía, en el noreste del país. En ese momento, las autoridades señalaron que BYD debía asumir responsabilidad por la supervisión de sus proveedores y contratistas.
La inclusión en esta lista implica restricciones relevantes, como el acceso limitado a ciertos financiamientos de la banca brasileña, además del impacto reputacional. La decisión judicial alivia de momento estas consecuencias para la empresa, pero no cierra el proceso.
De acuerdo a Reuters, BYD no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios. Previamente, la compañía había señalado que desconocía las irregularidades hasta que fueron difundidas por medios brasileños a finales de 2024. El gobierno tampoco emitió postura tras la resolución.
