La información, difundida originalmente por Reuters, confirma que Toyota elevó su oferta por su proveedor histórico Toyota Industries hasta un valor total de 30,000 millones de dólares, poniendo fin a un prolongado enfrentamiento con el fondo activista Elliott Investment Management. El ajuste en el precio destraba una operación que llevaba meses bajo la lupa del mercado y de los reguladores japoneses.
La nueva propuesta fija el precio por acción en 132 dólares, cerca de 10% por encima de la oferta previa de 120 dólares. Antes de eso, Toyota había puesto sobre la mesa 104 dólares por acción en junio y 120 dólares en enero, cifras que Elliott rechazó por considerar que no reflejaban el valor real del negocio. Con el incremento final, el fondo aceptó vender su participación y calificó el resultado como una mejora para los accionistas minoritarios, aunque no necesariamente ideal.
El desenlace ha sido seguido de cerca como un caso de prueba para la agenda japonesa de fortalecimiento de la gobernanza corporativa. Elliott, encabezado por Paul Singer, sostuvo que las ofertas iniciales subvaloraban a Toyota Industries —conocida como TICO— y llegó a estimar que el precio justo superaba los 166 dólares por acción. Aun así, su decisión de acudir a la oferta convierte la transacción en un hecho consumado.
Más allá del precio, el acuerdo contempla un movimiento estructural relevante: TICO deshará sus participaciones cruzadas en otras empresas del grupo Toyota. Esta práctica, común en Japón, ha sido criticada por blindar a la administración frente a la presión de inversionistas. Para el mercado, el paso representa una señal de cambio. El propio grupo reconoce que la eliminación de estos cruces es clave para modernizar su estructura y alinearse con estándares internacionales.
La intención de llevar a Toyota Industries a la esfera privada busca liberar al grupo de la presión por resultados trimestrales, justo cuando acelera su transición hacia vehículos conectados y desarrollo avanzado de software. La compañía ha defendido la transparencia del proceso, señalando la participación de consejeros independientes y la obtención de opiniones de equidad externas.
Con una valuación final de 30,000 millones de dólares, condicionada a garantías crediticias bancarias, la operación habla sobre cómo las grandes corporaciones japonesas deberán negociar con inversionistas en una nueva etapa de mayor escrutinio y exigencia.
