Uber vuelve al centro del debate público y judicial. Esta semana inicia en Arizona un juicio por agresión sexual que podría marcar un antes y un después en la forma en que los tribunales evalúan la responsabilidad de las plataformas de transporte por delitos cometidos por conductores registrados en sus aplicaciones.
El caso gira en torno a Jaylynn Dean, quien asegura haber sido violada en 2023 por un conductor que solicitó a través de la app de Uber. Su demanda forma parte de más de 3,000 reclamaciones similares consolidadas en una corte federal de Estados Unidos, todas ellas con un eje común: la acusación de que la empresa conocía un patrón de agresiones sexuales y, aun así, no implementó medidas de seguridad suficientes.
La querella sostiene que Uber priorizó el crecimiento y la imagen de plataforma “segura” por encima de acciones más estrictas, como controles de antecedentes más profundos o sistemas de reporte que notifiquen automáticamente a las autoridades en casos graves. Uber rechaza estas acusaciones. La compañía argumenta que sus conductores son contratistas independientes y que no puede ser considerada responsable de delitos fuera del alcance de sus funciones. También subraya que ha invertido en tecnología de seguridad, filtros de verificación y alianzas con organizaciones civiles.
El juez federal Charles Breyer desestimó el intento de Uber por retrasar el proceso, pese a que la empresa alegó que la publicidad del equipo legal de la demandante podía influir en el jurado. Con ello, el juicio avanza como un “bellwether case”, una prueba piloto cuyo resultado podría influir en el valor y desenlace de cientos de demandas pendientes.
El proceso ocurre en un contexto global complejo. En Egipto, un conductor de Uber fue condenado en 2024 a 15 años de prisión por una agresión sexual agravada, tras desactivar el rastreo de la aplicación. En Kenia, plataformas como Bolt también han enfrentado señalamientos, incluyendo la suspensión de conductores tras denuncias difundidas en redes sociales y la implementación de servicios como “Bolt Women”, que permite solicitar choferes mujeres.
A nivel internacional, las compañías han incorporado botones de emergencia, verificación de viajes y monitoreo en tiempo real. Críticos advierten que estas herramientas no sustituyen cambios estructurales: filtros más rigurosos antes de aceptar conductores, reportes coordinados con autoridades y mecanismos para compartir información sobre reincidentes.
El juicio de Arizona será seguido de cerca por inversionistas, reguladores y usuarios. Más allá de Uber, el resultado podría redefinir los límites de la responsabilidad legal en la economía de plataformas y responder una pregunta clave: hasta dónde deben llegar estas empresas para garantizar la seguridad de quienes confían en ellas cada día.
