4 de Mayo de 2007: En el terreno legal, se está usando la figura del chip para cumplir con lo señalado en la ley de transmitir la constancia del registro; hecho que se interpreta como obligación de las ensambladoras e importadores.
La AMIA, manifestó de manera definitiva, su inconformidad en contra de la responsabilidad penal, civil, y administrativa que implica la colocación del chip, ya que independientemente de los costos y compatibilidad del dispositivo con la electrónica del vehículo, se trata de un asunto de seguridad nacional, que es función del Estado y no de las empresas.
La propuesta que presentó la AMIA, es que se siga la costumbre actual de adquisición de un vehículo, trámite de placas, tarjeta de circulación, tenencia y se incluya el chip, tal es el caso de los Estados de Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Sería más fácil estandarizar este sistema para vehículos nuevos como para usados.
Es claro que toda la industria automotriz está a favor de la seguridad y a 3 años de la existencia de la Ley del Registro Público de Vehículos, todavía no hay acuerdos ni definición de procedimientos para su puesta en operación. Es la oportunidad de tener registro, sin evadir responsabilidades, ya que es un asunto de seguridad nacional que no debe delegarse a la iniciativa privada.
